La nueva Constitución Política del Estado Boliviano (2009) prevé un marco de derechos individuales y colectivos progresista que favorece, sobre todo, a las mujeres y a la población indígena. Sin embargo, la implementación de estos derechos avanza lentamente. El motivo es la falta de capacidades que tiene que ver con las graves deficiencias estructurales del sistema judicial del país.

Con miras a la implementación de los postulados de la nueva Constitución, en el año 2010, se promulgó la Ley para la reorganización estructural del Poder Judicial, iniciando así la reforma del sistema jurídico del país. Los enfoques previstos para estas reformas ofrecen a Suiza interesantes opciones para ayudar a sectores vulnerables de la población a lograr un mejor acceso a la justicia.

Contribución a la implementación de elementos fundamentales de la reforma judicial que mejoran significativamente el acceso de grupos poblacionales marginados a la justicia.

Grupos vulnerables para los que se mejora el acceso a la justicia. Al concluir la fase, aprox. 200.000 ciudadanas y ciudadanos se beneficiarán con un mejor acceso a la justicia.

• Objetivo componente 1: Implementación sistemática de las reformas para la introducción de procedimientos de arbitraje judiciales, mejorando así el acceso a la justicia para sectores marginados.
• Objetivo componente 2: Las capacidades institucionales del Servicio Nacional de Defensa Pública se encuentran fortalecidas de tal forma que brindan un servicio de buena calidad para los/as acusados/as ampliando este servicio en las áreas rurales.
• Objetivo componente 3: Los actores públicos y de la sociedad civil interesados llevan un diálogo constructivo sobre las experiencias y las perspectivas de la implementación de la reforma judicial contribuyendo al diseño de la política nacional correspondiente.

Resultados de las fases anteriores:  

• Se han titulado 81.000 ha de tierras a favor de indígenas guaraníes que hasta ahora estaban obligados a trabajar bajo condiciones de explotación en terrenos de latifundistas.

• Se han creado precedentes para la indemnización de trabajadores indígenas cuyos derechos laborales han sido gravemente vulnerados.

• Se ha mejorado la presencia del Estado en áreas alejadas.

• Se ha incidido de manera positiva en la legislación en materia de calidad del aire y se han apoyado medidas concretas para la protección atmosférica.

• Se ha institucionalizado una red de 1.500 instructores de Derechos Humanos en la Policía Boliviana.

• Se han implementado y fortalecido 148 oficinas de transparencia en diferentes niveles del Estado con el fin de hacer valer el derecho de la población a la información.

Fase 3 01.04.2013 - 28.09.2018   (Completed)