Desde hace algunas décadas se observa una tendencia mundial a abolir la pena capital y a limitar su aplicación. En efecto, de los 193 Estados miembros de la ONU, tan solo 36 países, es decir, algo menos de una quinta parte, la siguen aplicando. Mientras que en los años 80 la pena de muerte era algo habitual, hoy en día se ha convertido en una excepción. Este cruel castigo está prácticamente prohibido en Europa, con una sola excepción. Ya es hora de que Bielorrusia ponga también fin a las ejecuciones y Europa esté así libre de la pena de muerte.
Sin embargo, vemos con preocupación que algunos países están reconsiderando restablecer la pena de muerte y que otros piensan en reanudar esta práctica tras años de moratorias. Esto contradice la tendencia global y parcialmente el Derecho internacional. Hacemos un llamamiento a todos los Estados para que cumplan con sus responsabilidades internacionales y respeten el espíritu del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevé una abolición paulatina de la pena de muerte.
Muchas personas viven todavía amenazadas por unos Estados en los que se aplica la pena de muerte. Corren el peligro de ser condenadas arbitraria o falsamente y de ser ejecutadas. A menudo se trata de personas pobres a las que se les aplica esta pena máxima, por no disponer de los recursos necesarios para procurarse una defensa eficaz. En este día mundial queremos llamar la atención sobre esta injusticia bajo el lema “pobreza y justicia – una mezcla mortal”. Los miembros de minorías étnicas, religiosas o sexuales son también a menudo víctimas de esta pena. Mediante resoluciones que hemos adoptado hace poco en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instamos a todos los Estados que no han abolido la pena de muerte a erradicar la discriminación y el trato desigual que esta pena causa y a no aplicarla, bajo ninguna circunstancia, a personas que eran menores de edad en el momento de cometer los hechos, a personas con discapacidad psíquica o a mujeres embarazadas.
Independientemente de si se aplica de manera discriminatoria, independientemente de si afecta a personas inocentes o culpables, independientemente de si se utiliza para eliminar a adversarios políticos, la pena de muerte es incompatible con nuestro concepto de Derechos Humanos. Nuestras leyes nacionales la prohíben. Nos hemos comprometido internacionalmente a no imponer o ejecutar nunca más sentencias de muerte, ratificando los Protocolos adicionales respectivos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 85 Estados siguen el mismo camino y se han comprometido a abolir la pena de muerte por medio del Segundo Protocolo adicional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
A aquellas personas que consideran que la pena de muerte es un medio para luchar contra la violencia, el crimen y el terrorismo, les podemos decir lo siguiente: estudios científicos demuestran que ni los delincuentes ni los terroristas se dejan asustar por la pena capital. En lugar de prevenir la violencia, la pena de muerte causa aún más violencia. Tal vez responda a la necesidad de venganza, pero no repara las pérdidas que sufrieron sus víctimas o la de sus allegados. La pena de muerte acentúa los problemas, en lugar de resolverlos.
Nos comprometemos a proteger la dignidad y los derechos humanos de cada persona, en nuestros países, en Europa y en el mundo entero. Según nuestro punto de vista, la pena de muerte representa simbólicamente las innumerables violaciones de los Derechos Humanos en el mundo de hoy. La pena de muerte no tiene cabida en el siglo XXI.
Dialogando con los Estados concernidos nos esforzaremos para que la aplicación de la pena de muerte se reduzca hasta su erradicación. Una moratoria mundial podría ser un importante paso hacia este objetivo. Seguiremos tematizando la pena de muerte en los foros multilaterales y aliándonos con iniciativas globales y regionales para lograr su abolición. Reconocemos y apoyamos los esfuerzos de mujeres y hombres comprometidos con la sociedad civil, la política, la justicia, la ciencia y la cultura en todas las partes del mundo. Juntos queremos comprometernos por un mundo sin pena de muerte.
Los ministros de asuntos exteriores del Principado de Liechtenstein, de Alemania, de Luxemburgo, de Austria, de Eslovenia y de Suiza.
